Informe de resultados de la sesion del Consejo de Gabinete, martes 20 octubre
Aprueban proyecto de ley que moderniza y unifica marco jurídico del sector cinematográfico panameño
El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 40-26, cuyo objetivo es modernizar, unificar y fortalecer el marco jurídico de la industria cinematográfica y audiovisual nacional. La iniciativa deroga la Ley 16 de 2012 y actualiza el régimen especial para dotarlo de mayor certeza jurídica, competitividad e instrumentos de fomento equiparables a los de países líderes de Iberoamérica.
Se destaca que la actual ley se elaboró en un momento en que el cine panameño era aún incipiente y, por ello, se basó en gran medida en modelos de derecho comparado más que en una experiencia local consolidada. Trece años después, con un poco más de 100 películas panameñas producidas, el gremio de la industria cinematográfica y audiovisual se encuentra más fortalecido y con un mayor aprendizaje sobre las particularidades de nuestro mercado.
El informe de exposición de motivos destaca que Panamá compite desde un mercado pequeño, por lo que requiere reglas claras, incentivos eficaces y coordinación interinstitucional eficiente para atraer inversión, generar empleo creativo y técnico, así como promover la circulación de obras de forma internacional para atraer turismo.
Añade que, sin una intervención legal integral, el país pierde la posibilidad de atraer rodajes internacionales de alta gama, dejando esa inversión extranjera a merced de países con mejores y mayores atractivos incentivos. En la actualidad, el crecimiento del sector se encuentra amenazado ante países como Colombia, República Dominicana, Uruguay, México, Chile y España, los cuales han actualizado sus regímenes con incentivos altamente competitivos, infraestructura robusta, ventanillas únicas funcionales y políticas de exhibición activas.
Con el proyecto, se presenta un paso decisivo hacia la consolidación de un sector que, en poco más de una década, ha demostrado su capacidad de generar cultura, empleo, identidad y proyección internacional.
La iniciativa proyecta un Fondo Cine más fortalecido, un régimen de incentivos competitivos, reglas claras de acceso y mecanismos de formación y preservación, con los cuales Panamá podrá atraer mayores inversiones extranjeras, estimular la creatividad nacional, dinamizar la creación de plazas de trabajos y garantizar que las futuras generaciones encuentren en el sector un espacio de expresión, educación, desarrollo y sostenibilidad profesional.Esta propuesta destaca el documento es una política cultural que reconoce el valor de la cinematografía y el audiovisual como motor de identidad y cohesión social, al tiempo que lo proyecta como industria capaz de diversificar y dinamizar la economía y generar beneficios transversales en turismo, servicios, logística, tecnología y educación.
El Gabinete facultó a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, a presentar esta iniciativa legislativa ante la Asamblea Nacional de diputados para su discusión y aprobación.
Resolución de Gabinete aprueba al BNP adquirir locales para operar en La Chorrera
El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 134-26, que dio visto bueno a la contratación, mediante procedimiento excepcional, entre el Banco Nacional de Panamá (BNP) y la empresa Inversiones Market Plaza, S.A., para la compraventa de diez fincas que forman parte de edificio P.H. Market Plaza, Costa Verde, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
La resolución detalla que, para el cumplimiento de sus objetivos y atender las necesidades de crecimiento y atención al cliente, BNP requiere ampliar los actuales espacios físicos con que cuenta, con la finalidad de mantener su competitividad en el mercado bancario. Esto tambien ayudará a mejorar la calidad de vida de un importante número de sus colaboradores que hoy pierden muchas horas trasladándose a la ciudad capital cada día de trabajo.
Añade que, para lograr estas metas, en el año 2026 Inversiones Market Plaza, S.A. ofreció en venta al BNP las diez fincas que constituyen el edificio de PH Market Plaza, sobre la base de un precio de compraventa de B/.3,389,357.61.
Este procedimiento de compraventa cuenta con el aval de la Junta Directiva de BNP, que analizó todos los elementos necesarios, como lo son el estado físico de los locales y los gastos requeridos para su adecuación; costos de edificios nuevos y usados; informes comparativos у avalúos actualizados, de acuerdo con lo dispuesto en las políticas de la entidad bancaria y en concordancia con el valor promedio de los avalúos realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Contraloría General de la República.
Luego de los avalúos, destaca la resolución, las partes acordaron la celebración del contrato de compraventa de los inmuebles mencionados.
Gabinete aprueba la ratificación de tres Convenios de La Haya en materia extrajudicial, de niñez y obtención de pruebas en el extranjero
El Consejo de Gabinete aprobó tres proyectos de Ley, 37-26, 38-26, y 39-26, donde la República de Panamá ratificará tres instrumentos internacionales de la Conferencia de La Haya: el Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia (adoptado el 23 de noviembre de 2007); el Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial (18 de marzo de 1970); y otro sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (15 de noviembre de 1965).
En las exposiciones de motivos se detalla el contexto de cada ratificación. En el primer convenio, la ratificación permitirá a Panamá integrarse al sistema internacional de cooperación desarrollado en el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, el cual establece un conjunto armonizado de normas y mecanismos destinados a garantizar la eficacia del cobro internacional de alimentos mediante la cooperación entre autoridades, el reconocimiento y la ejecución de decisiones y la utilización de herramientas comunes.
Esta ratificación se enmarca en los principios de respeto y protección de los derechos humanos, en particular el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como en otros principios fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico internacional, y contribuye a fortalecer la participación de Panamá en los mecanismos multilaterales que promueven una cooperación jurídica internacional más eficiente, accesible y orientada a la protección de la familia.
El segundo convenio permitirá armonizar los procedimientos de obtención de pruebas entre distintos ordenamientos jurídicos, reducir los obstáculos derivados de las diferencias procesales y mejorar la eficiencia en la tramitación de casos con elementos internacionales.
De igual manera, contribuirá a dotar de mayor seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, al establecer reglas claras y uniformes para la ejecución de diligencias probatorias en el extranjero. Se contará con una herramienta eficaz para fortalecer su sistema de justicia y su proyección internacional, al facilitar la obtención de pruebas en procesos con componentes transfronterizos. Ello resulta especialmente relevante en un contexto en el que el país se consolida como centro logístico, financiero y comercial, requiriendo mecanismos ágiles y confiables que respalden la resolución de controversias con impacto internacional.
Por su parte, el tercer convenio permite conciliar los diversos sistemas de notificación judicial y extrajudicial en materia civil y comercial, así como fortalecer los mecanismos de cooperación entre los Estados, facilitando una transmisión más eficiente y segura de los documentos.
Además, simplifica la transmisión internacional de documentos judiciales y extrajudiciales, mediante el establecimiento de un marco jurídico uniforme destinado a facilitar y agilizar la notificación o el traslado de dichos documentos cuando deban practicarse en el extranjero.
Gabinete aprueba proyecto de Ley que adopta el Protocolo de Adhesión de Guatemala al TLC entre Centroamérica y Corea
El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley 42-26 que establece la adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica, del cual Panamá forma parte. Este tratado fue suscrito el 21 de febrero de 2018, aprobado por la Asamblea Nacional mediante la Ley 182 del 19 de noviembre de 2020 y se encuentra vigente desde el 1 de marzo de 2021.
El Protocolo de Adhesión de la República de Guatemala al TLC entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica fue remitido a la Asamblea para su aprobación. Los antecedentes detallan que Guatemala participó en las negociaciones iniciales del TLC, pero debió retirarse temporalmente. Posteriormente, solicitó su adhesión e inició el proceso para concluir sus negociaciones bilaterales con la República de Corea, las cuales finalizaron en enero de 2024.
La exposición de motivos destaca que este TLC está conformado por Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. El acuerdo se encuentra vigente y abierto a la adhesión de cualquier país o grupo de países, tal como lo establece su Artículo 24.4, relativo a Adhesiones.
El documento señala que Guatemala concluyó su negociación con la República de Corea el 18 de abril de 2023, dando inicio formal al proceso de adhesión mediante la aceptación de los términos y condiciones, sujetos a la aprobación de las Partes.
Asimismo, se añade que la incorporación de esta nación centroamericana es estratégica para Panamá, ya que potencia el efecto de la acumulación de origen en beneficio de las exportaciones nacionales hacia Corea. Esto permite utilizar insumos de las Repúblicas de Centroamérica —incluyendo ahora a Guatemala— para fabricar mercancías en Panamá y exportarlas como originarias a Corea, sin que el producto pierda el origen del país donde se realizó la transformación sustancial.
De igual forma, genera un impacto positivo en las reexportaciones desde Panamá de productos procedentes de Corea sin perder su condición de origen, lo que fortalece las actividades logísticas y comerciales entre Panamá y Guatemala.
Esto se consolida a través del Certificado de Reexportación contemplada en el TLC, el cual da fe de las operaciones logísticas realizadas en la Zona Libre de Colón, manteniendo las preferencias arancelarias para las mercancías de Corea y sus socios comerciales, incluidas las Repúblicas de Centroamérica.
Esta adhesión no modifica la sustancia ni los compromisos de la República de Panamá aprobados mediante la Ley 182 del 19 de noviembre de 2020. No obstante, se actualiza la estructura del tratado original con la creación de nuevas referencias, anexos y apéndices derivados de la incorporación de un nuevo Estado Parte.
