Informe de resultados de la sesión del Consejo de Gabinete, martes 4 de agosto
Gabinete dota de recursos adicionales al IMA para llevar productos baratos al pueblo
El Consejo de Gabinete autorizó la Resolución 85-26, que aprueba un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 con asignación a favor del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) por la suma de B/.22,133,574.00.
Esta solicitud de crédito adicional tiene como propósito incorporar recursos al presupuesto de inversiones, los cuales se destinarán a financiar la compra de 550,000 quintales de arroz y otros productos de la canasta básica, tales como aceite, azúcar, pastas, espaguetis, café, sal, atún, guandú, frijoles, sardinas, entre otros.
La compra de arroz y otros productos tiene como principal propósito brindar apoyo a las comunidades panameñas mediante la ejecución de programas sociales, como ferias, tiendas y agrodistribuidoras a nivel nacional cuya misión es facilitar a las familias más vulnerables el acceso a alimentos básicos.
Esta solicitud de fondos cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y con el informe favorable sobre la viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.
Además, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que, en nombre y representación del Consejo de Gabinete, someta a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional esta resolución a los efectos de su aprobación y posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.
Gabinete aprueba proyecto que adhiere a Panamá al ICCROM
El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 23-26, que aprueba los Estatutos del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), por medio del cual Panamá se adhiere a este organismo como parte del compromiso del gobierno con este patrimonio, que constituye un elemento esencial de la identidad nacional, la cohesión social, la educación y el desarrollo sostenible del país.
El proyecto presentado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, sostiene que la membresía en el ICCROM permitirá fortalecer las capacidades de sus profesionales, instituciones culturales y autoridades competentes, mejorar la gestión de riesgos que afectan al patrimonio cultural —incluidos los derivados del cambio climático, los desastres naturales y la urbanización no planificada— y promover políticas públicas basadas en estándares internacionales.
Asimismo, contribuirá a posicionar a Panamá como un actor responsable en la cooperación cultural internacional reforzando su imagen y liderazgo regional en la protección del patrimonio cultural. Redunda, además, en beneficios económicos y sociales al potenciar el turismo cultural sostenible, la educación patrimonial y el desarrollo local.
Esta adhesión permitirá al país acceder a cooperación técnica especializada, programas de capacitación, redes de expertos y buenas prácticas internacionales en conservación patrimonial.
Concluye el proyecto que la adhesión resulta conveniente, oportuna y alineada con los intereses nacionales y los compromisos internacionales del Estado panameño, constituyéndose en una herramienta estratégica para la preservación del patrimonio cultural en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Los estatutos aprobados en este proyecto fueron adoptados en Nueva Delhi por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 5.a sesión del 5 de diciembre de 1956 y modificado por la Asamblea General del ICCROM en sus sesiones 2.a, 5.a, 7.a, 18.a, 21.a, 22.a, 23.a, 24.a y 33.a.
Finalmente, el Consejo de Gabinete autorizó al ministro Martínez-Acha a presentar este proyecto a la consideración de la Asamblea Nacional.
Gabinete autorizan presentar proyecto de ley que corregirá las deficiencias del mercado eléctrico y fortalecerá la protección al consumidor
-La ASEP podrá intervenir a las empresas eléctricas por faltas en el servicio. Las multas se elevan hasta B/.20 millones por infracciones a la Ley o a los contratos de concesión.-
-Unas 150 mil familias que hoy día no cuentan con el servicio, podrán tener acceso a energía eléctrica-
El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 83-26 que autoriza al Ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley “que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 3 de febrero de 1997 y dicta otras disposiciones”, con el fin de corregir distorsiones en el mercado eléctrico, fortalecer el marco regulatorio para el servicio de electricidad y asegurar su adecuada prestación, en beneficio de la ciudadanía.
El referido proyecto de ley sigue la línea trazada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, de dar respuesta a las reiteradas quejas en torno a la calidad del suministro eléctrico, por motivo de frecuentes fluctuaciones de voltaje, interrupciones del servicio y daños a electrodomésticos, así como a deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización al cliente.
La propuesta del Ejecutivo, que regirá para los próximos contratos, incorpora disposiciones orientadas a garantizar una mayor transparencia en la información suministrada a los clientes, plazos definidos para la atención de reclamos, reconocimiento de créditos por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras conforme a las normas reglamentarias vigentes, y herramientas que permitan una supervisión más efectiva por parte de la autoridad reguladora.
También se elevan los montos de sanciones a las empresas eléctricas. Los prestadores del servicio de energía eléctrica podrán ser multados hasta por B/.20 millones por infracciones a la Ley o a los contratos de concesión.
Estas medidas procuran equilibrar la relación entre prestadores y usuarios, fortaleciendo la protección del consumidor dentro del sector eléctrico.
Para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios, el proyecto propone que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) pueda intervenir a los prestadores del servicio público de electricidad, durante el tiempo que le tome corregir una falta, o mientras se rescinda o se dé la resolución administrativa del contrato o la terminación de la licencia correspondiente.
Para tal fin, se designará un interventor cuya remuneración deberá ser sufragada por el propio prestador del servicio. Este interventor quedará inhabilitado para mantener vínculos comerciales y/o profesionales con la empresa objeto de la intervención, sus filiales o grupo económico por un periodo de dos (2) años.
Además, el proyecto amplía y precisa las obligaciones de las empresas de distribución eléctrica al incorporar elementos esenciales para la modernización del sistema, tales como la implementación de tecnologías de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, estándares de transparencia operativa y compromisos de inversión.
Otra innovación es que la electrificación de áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas se incluye como una obligación inherente a la actividad de distribución, ampliando su alcance.
De igual manera, se introducen ajustes regulatorios que permiten reconocer estas inversiones dentro de la estructura de costos del sector, asegurando señales económicas adecuadas que viabilicen su ejecución.
La Administradora general · Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Zelmar Rodríguez, indicó unas 150 mil familias que hoy día no cuentan con el servicio, podrán tener acceso a energía eléctrica.
En materia de competencia y estructura del mercado, se proponen ajustes normativos dirigidos a evitar escenarios de concentración excesiva y a preservar condiciones de competencia efectiva, garantizando un entorno equilibrado, transparente y orientado al interés público.
A la vez, se incorporan mecanismos que fomentan una competencia real y efectiva en los procesos de venta del paquete mayoritario de acciones de empresas concesionarias de distribución eléctrica.
Otros ajustes apuntan al régimen sancionatorio y las facultades de la autoridad reguladora, a fin de robustecer la eficacia del sistema de fiscalización y cumplimiento normativo, entre otros, con la ampliación de las facultades de cobro coactivo contemplada en el Texto Único de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, para procesos administrativos cuyo objeto sea el resarcimiento económico al cliente final.
